En Colombia no hay una política educativa pública nacional,
hay políticas educativas de gobierno. Es decir, las políticas que se determinan
para el sector educativo en el país no responde a un interés general de la
población, pues si fuese así, concebirían la educación como un bien público y
colectivo, un patrimonio de la humanidad. En ese sentido, debe responder a los
intereses, necesidades y expectativas de mejorar las condiciones de la vida de
la comunidad en general, sin exclusiones.
Sin embargo, las políticas educativas en Colombia no
corresponden al principio de lo público como bien común sino a intereses
particulares de gobierno, por eso, cada gobierno que sube le imprime su énfasis,
sus ambiciones políticas de mostrar una administración correcta, pero no para
asegurar una formación óptima a los niños y niñas.
Responde también a una posición de clase, de los intereses
de quienes dominan económicamente al país, de los empresarios en general y de los
empresarios de la educación. Ellos convierten a este derecho fundamental en una
mercancía para negociar y enriquecerse a través de ella, ya sea directamente
lucrándose con la privatización o produciendo capital humano, es decir, capacitando
seres humanos reducidos a unas competencias adecuadas al desarrollo económico y
destinados a ser mano de obra útil pero reemplazable.
En Colombia, la educación en vez de responder a la necesidad
de construir una justicia social lo que hace es profundizar la brecha entre
pobres y ricos. Porque en el país hay una educación para pobres y otra para
ricos. Para los pobres está la escuela pública y los ricos tienen escuelas
privadas exclusivas. No se trata tanto del modelo de escuela, sino de cómo
funciona la misma. Esto es, la escuela pública está condenada a preparar
operarios; la privada, instruye a los dueños de las empresas.
Tal actitud se demuestra en el abandono de la inversión para
el sector público. Son miles las instituciones educativas condenadas al
deterioro por problemas de infraestructura, falencias en la dotación o ausencia
de material didáctico.
Así mismo se refleja en la forma como los gobiernos tratan a
los educadores oficiales. No paga lo correspondiente porque desestima su
preparación; no ofrece capacitación porque no les importa que piensen sino que
hagan, en otras palabras, los quiere como simples altoparlantes de las
mecánicas instrucciones que dictamina el Ministerio, así los trata y así les
paga.
Desde sus inicios, FECODE ha liderado una oposición férrea a
esta lógica de mercado que se ha intentado imponer arbitrariamente. Esa lucha
dio como resultado la Ley 115 de 1994, que comprende los lineamientos de una
educación equitativa, democrática e integral. Ha procurado algunos beneficios
para el magisterio nacional, como primas, prestaciones o bonificaciones, que no
hubiesen sido reconocidos por el gobierno de manera unilateral.
Sin embargo, la lucha está lejos de acabarse. El actual
gobierno no es la excepción, con ocurrencias como el Día E, el Índice Sintético
de Calidad de la Educación (ISCE), las becas condonables o los incentivos a la
jornada única. Todas ellas son políticas encaminadas hacia el objetivo
anteriormente señalado. FECODE ha logrado frenar en alguna medida la privatización
de la educación y ha dado la pelea porque la tercerización no se tome al gremio
docente, pero son propósitos que permanecen latentes y el gobierno puede
‘revivir’ en cualquier momento. Por ello, el magisterio debe permanecer atento
y dispuesto.
Es imperativo trazar unas políticas publicas que permitan fortalecer el sistema educativo Colombiano, por cuanto este se ha convertido en una colcha de retazos, ya que se improvisa tomando modelos de otros países y se desconoce la realidad del nuestro. Hay que seguir luchando por el preescolar de tres grados y por todas las áreas del saber, separando a historia de geografía, volver a relaciones humanas, cívica, religión,etc.
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ResponderEliminarEstoy de acuerdo la lucha es lo unico que nos ha permitido sobre vivir y que no se privatice aun la educacion
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